La tasa municipal volverá a gravar las viviendas vendidas, donadas y heredadas tras la anulación de la anterior por parte del Constitucional.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de hoy el nuevo impuesto de plusvalía que grava las operaciones de venta, donación o sucesión de viviendas después de que el Tribunal Constitucional tumbase la anterior tasa por considerar ilegal el método de cálculo, que implicaba que algunos particulares tenían que pagarlo pese a no haber obtenido rédito con la operación.

Isabel Rodríguez García, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, ha destacado en la rueda de prensa posterior al cónclave del Ejecutivo que el reinventado tributo, que gestionan los ayuntamientos, pueda solucionar esta cuestión y perfeccionar la anterior normativa. «Los ciudadanos no tendrán que pagar impuestos cuando no les corresponde», ha destacado Rodríguez.

El proyecto se ha considerado una prioridad debido a que es una de las principales vías de ingresos municipales y, desde que el 26 de octubre fue declarado nulo, los consistorios habían dejado de percibir estos ingresos. De hecho, los que hayan materializado el traspaso durante estos días se habrán evitado este pago aunque como la solución se ha acelerado el Gobierno considera «que se han evitado distorsiones que se producirían en el caso de que no hubiera un marco legal».

El decreto ofrece dos opciones diferentes para pagar la plusvalía. El importe a pagar se podrá calcular en función de la diferencia entre la compra y la venta o mediante unos nuevos coeficientes catastrales. La portavoz del Gobierno ha incidido en que los mismos se actualizarán cada año.

Margen de maniobra

Los diferentes gobiernos locales tendrán cierto margen de maniobra y podrán quedarse con la base aprobada por el Gobierno o reducir ciertos márgenes. Tendrán la posibilidad de rebajar los valores catastrales hasta un 15% y contarán con medio año para adaptarse a la nueva normativa aunque se empezará a cobrar desde la publicación del mismo, que se espera para mañana.

Hay otras cuestiones que también podría introducir el decreto, como que se pueda gravar las operaciones que se hayan producido en menos de un año, algo que no contemplaba la anterior normativa. Un movimiento que busca desincentivar la especulación inmobiliaria.

fuente: www.elcorreo.com

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